El pasado mes de diciembre de 2021, el presidente del RACE, Carmelo Sanz de Barros, publicó una columna de opinión en un diario de tirada nacional bajo el título “NO MÁS PALOS EN LAS RUEDAS” en la que señalaba que “como representante de los más de 10 millones de automovilistas a los que prestamos servicio, querría insistir en que las administraciones públicas reconsideren muchas de sus políticas contrarias al automóvil y a sus usuarios. El diálogo, el consenso y la suma de esfuerzos para el crecimiento de nuestro país es fundamental y les aseguro, que todo el sector estamos en ese camino. Pero los palos en las ruedas no pueden traer más que retracción y pocos beneficios”.
Casi tres meses después, y a las puertas de la Semana Santa, aquellas palabras solicitando diálogo, consenso y esfuerzo a las administraciones públicas en favor del interés de los usuarios, adquieren hoy aún más relevancia.
A la obligación que se impone al sector de la automoción a asumir un desproporcionado esfuerzo en la transición energética, la persecución al vehículo privado en las ciudades, el creciente coste derivado de la hiper regulación del sector y el constante aumento de las cuantías de las sanciones de tráfico, se añade ahora un insostenible incremento de los precios de los combustibles.
Esta circunstancia está generando un irreparable daño en un gran número de sectores de nuestra economía, así como en las economías domésticas de los más de 30 millones de españoles que, diariamente, necesitan hacer uso del coche para trasladarse a su puesto de trabajo, el desempeño del mismo, o atender cuestiones familiares.
Entre los sectores especialmente afectados por el aumento de precios de los carburantes se encuentra, también, el sector de la asistencia en carretera. Un sector esencial que, como recientemente han manifestado – con mucho criterio – las organizaciones y asociaciones integradas en la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera, cumple un fin social incuestionable para el tráfico, la seguridad vial y la confianza de los ciudadanos, y que, si cabe más que nunca, fue esencial durante el confinamiento y la crisis del COVID, manteniendo las carreteras y las cadenas logísticas operativas.
Como reza el lema del RACE, gracias a todas las empresas y operadores de asistencia en carretera de nuestro país, los ciudadanos españoles “nunca están solos” si sufren un percance en la vía pública o tienen un accidente de tráfico.
El solo hecho de que, debido al alza de precios de los combustibles e incertidumbre actual, puedan producirse situaciones de deterioro o falta de servicio en la asistencia en carretera, en especial, a las puertas de la Semana Santa, debe alertar a las Administraciones Públicas de que – como ya hemos visto en otros países de nuestro entorno – tienen la obligación de buscar soluciones con carácter inmediato en interés de todos los automovilistas y usuarios de la vía, el sector de la asistencia en carretera y demás sectores afectados.
Ese, y no el aumento de la recaudación, debe ser su cometido principal y a ese objetivo deben concentrar su mayor empeño siempre desde el diálogo, la diligencia, el consenso y la suma de esfuerzos. Un lugar donde siempre podrán contar con el RACE para encontrar soluciones.
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