Puede que el dióxido de carbono (CO2) sea inofensivo para la salud humana, pero es el principal responsable del efecto invernadero y, por lo tanto, objetivo de las políticas medioambientales que se esfuerzan por conseguir una economía comunitaria neutra en carbono para 2050. En 2019, justo antes de la pandemia, el transporte fue responsable del 22 % de las emisiones de CO2 en la Unión Europea, mientras que en España la cifra fue incluso superior: el 29,1 % de las emisiones correspondió al transporte, siendo el transporte por carretera el 26,9 % del total.
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Desde hace años, la normativa ha ido restringiendo no solo la cantidad máxima de emisiones de los nuevos vehículos, sino también la circulación de los más contaminantes dentro de las ciudades. Desde enero de 2023, la ley dicta que todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes han de contar con zonas de bajas emisiones (ZBE), algo que de momento solo tienen un puñado de ellas. Se espera que el resto (141 localidades) las vaya implantando a lo largo del año. Ahora bien, ¿qué dice la ley sobre las emisiones de los coches?
Emisiones de CO2 de los coches: conoce la ley
La normativa que se aplica en la actualidad es la denominada Euro 6d, que desde 2020 establece una cantidad máxima de emisiones más exigente que sus predecesoras: 120 y 90 gramos de CO2 por kilómetro para diésel y gasolina, respectivamente. Pero la norma fue más allá, estableciéndose unos límites de emisiones medias para los fabricantes de 95 gramos de CO2/km, así como fuertes sanciones económicas sobre los excesos (que los había, y por mucho). ¿Y qué quiere decir eso? Que el promedio de emisiones de dióxido de carbono de los turismos nuevos vendidos por las distintas marcas no puede superar, de media, dicha cantidad.
Pero ¿qué pasa cuando esto sucede? El Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo establece que, por cada gramo de exceso y unidad vendida, las marcas deberán pagar 95 euros: es decir, por un solo gramo de exceso y un millón de turismos vendidos, por ejemplo, la multa sería de 95 millones de euros. Las marcas, no obstante, tienen mecanismos para paliar las sanciones, como la posibilidad de computar individualmente, por grupos industriales o incluso creando asociaciones, como han hecho Fiat Chrysler Automóviles y Tesla, para llegar al objetivo medio y evitar las multas. Pueden, además, ganar hasta 7 gramos de CO2/km extra si consiguen reducir emisiones por medio de tecnologías innovadoras.
Mientras llega 2035, año en el que quedará prohibida la venta de automóviles nuevos con motor de combustión (no así el uso, que podrá mantenerse hasta 2050), la normativa irá endureciéndose aún más, a través de la nueva norma Euro 7, que verá la luz en 2025. A su vez, como objetivo intermedio, los turismos tendrán que rebajar sus emisiones en un 55 % de aquí a 2030 (y las furgonetas, en un 50 %). Mientras, fabricantes y Gobiernos tendrán que seguir haciendo un esfuerzo por incrementar la implantación del vehículo eléctrico.
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)
La Ley de Cambio Climático, aprobada en España en abril de 2021, establecía que, desde enero de 2023, las localidades de más de 50.000 habitantes deberían de contar con ZBE. Si bien, como hemos señalado, su implantación lleva retraso, acabará sucediendo, por lo que conviene tenerlo en cuenta si estás considerando adquirir un nuevo turismo a corto o medio plazo:
- Adquirir un coche de bajas emisiones (como los híbridos o los eléctricos) implica tener un menor impacto medioambiental, además de poder acceder a las zonas de bajas emisiones.
- Presta atención a la etiqueta medioambiental: los vehículos con etiqueta de la DGT A, B y C son quienes tendrán mayores problemas para acceder a estas zonas urbanas.
- Considera la opción de comprar un vehículo eléctrico. A partir de 2035, la intención de la UE es que todos los vehículos a la venta sean de este tipo. Sí, queda tiempo, pero ya es una opción interesante.
Los vehículos que más restricciones sufrirán serán, en todo caso, aquellos catalogados como “A” o sin etiqueta (los de gasolina matriculados antes de 2001 y los de motor diésel anteriores a 2006), que representan aproximadamente 10 millones de turismos en España (casi un tercio del total), según datos de la DGT y de Anfac. Pero, como hemos indicado, las restricciones también afectan, en algunos casos, a los coches con etiquetas B y C.
Aunque el objetivo final es el de incrementar significativamente la electrificación del parque automovilístico, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 se admite que esta “solo se conseguirá cuando se alcance la paridad de precios entre vehículos eléctricos y vehículos de combustión”. Algo que, según estiman los fabricantes, se podrá conseguir tan pronto como en 2025, si como esperan desciende también el precio de las baterías.
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